Los invitamos a marchar este 24 de Marzo contra la impunidad de ayer y de hoy junto a Tribuna Docente. Pueden acercarse a Cámpora 2151, Merlo Norte de donde saldremos a las 12.30 hs.o a Congreso 14:30 desde donde marcharemos junto al espacio Memoria, Verdad y Justicia hacia Plaza de Mayo.
24 de Marzo: la Plaza, de los luchadores
El 24 de Marzo, en el 34º aniversario del golpe militar de 1976, será una jornada masiva de movilización en todo el país. El epicentro, en la Plaza de Mayo, está convocado por el espacio Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a 300 organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. La consigna central será “la lucha continúa. No a la impunidad de ayer y de hoy”; y dentro de las principales se reclama “el no pago de la deuda externa”.
Esta no sólo será masiva sino que tendrá un carácter independiente del Estado y de sus partidos. Cuando los Kirchner, Cobos, Morales y Carrió se pelean por ver de qué manera pagan la deuda a la banca Morgan, la jornada del 24 colocará en la calle a un sector del pueblo con sus propios reclamos y perspectivas.
La característica independiente de la jornada del 24 de marzo afecta en particular al gobierno. Es por esto que ha decidido cometer el atropello, digno de una patota, de ocupar la Plaza de Mayo durante toda la jornada del 24 de Marzo para evitar el Espacio Memoria Verdad y Justicia pueda realizar el acto que viene organizando desde el año 1996; o sea, desde hace 14 años. Para ocupar la Plaza de Mayo el, gobierno ha sacado de la galera un festival de la ignota “Unidad Bicentenario” de la presidencia de la Nación, al que ha sumado, para disimular, a algunos organismos de derechos humanos afines al oficialismo. El festival del gobierno fue lanzado cuando la movilización de Memoria, Verdad y Justicia ya estaba lanzada. Para completar la provocación oficialista los funcionarios K dieron por canceladas de manera unilateral las negociaciones iniciadas por los organismos de derechos humanos que participan de Memoria, Verdad y Justicia con finalidad de compatibilizar un espacio para las diferentes iniciativas. Los funcionarios K fueron categóricos por órdenes superiores rechazaban toda negociación y para que la Plaza sea ocupada sólo por el gobierno.
Es claro que los K viven el 24 de Marzo con una alta dosis de culpabilidad. Al pago de la deuda externa que contrajeron los Videla y Massera, que el matrimonio presidencial paga con todos los medios a su disposición, hay que agregarle que la mayor parte de la alta plana kirchnerista – sino toda– militó como un solo hombre del lado de los ejecutores de la Obediencia Debida, Punto Final e Indulto. Su paso al campo de los derechos humanos fue tardío y por sobre todo tramposo, como se demuestra en que la anulación de las leyes de impunidad que ellos apoyaron en el pasado sirvió para evitar la extradición de los militares a varios países pero no para juzgar realmente a los asesinos. Al día de hoy y pasados ya casi siete años de gobierno K los juicios contra los responsables de la masacre de la dictadura están en la mayoría de los casos paralizados. Es evidente que el copamiento de la Plaza de Mayo por parte de este gobierno es una afrenta contra los 30.000 desaparecidos.
No deja de ser ilustrativo el silencio del centroizquierdismo en general y de Pino Solanas en particular frente a este intento de copamiento estatal del 24 de Marzo. Tampoco la CTA ha sacado hasta el momento ni un mísero comunicado. No es casual que el centroizquierdismo haya festejado como un triunfo propio el ascenso de Mujica en el Uruguay, quien ahora está reclamando una ley de amnistía para los genocidas del pueblo uruguayo.
El intento de copamiento del gobierno de la Plaza de Mayo sólo servirá para que las organizaciones populares redoblemos la apuesta y realicen la movilización más importante de los últimos años. El 24 de Marzo vamos con todo a la Plaza de Mayo contra la “impunidad de ayer y de hoy” y el “no pago de la deuda externa”.
Gabriel Solano
La impunidad en números
Desde la reapertura generalizada de las causas a los represores en 2003, luego de que el Congreso anulara las leyes de impunidad, se realizaron sólo cinco juicios en los cuatro años siguientes, siendo la condena a Miguel Etchecolatz y Julio Simón, en 2006, la más emblemática.
En 2008, el número de condenados subió a 36, siendo 533 los procesados. Si se considera que en el país funcionaron más de 400 centros clandestinos de detención, estadísticamente hablamos de un represor procesado por cada uno de esos centros de tortura y exterminio, o sea, menos de dos represores procesados por cada mil víctimas.
Un estudio del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Cels asegura que el tiempo promedio que transcurre desde que se reciben una causa hasta que se inician las audiencias es de un año y medio. El caso extremo, con plazos que van de 24 a 36 meses, se da en Comodoro Py, donde en 2009 hubo un solo juicio por secuestros y torturas que concluyó, por si fuese poco, con tres absoluciones y condenas simbólicas a Jorge Olivera Róvere y Bernardo Menéndez, quienes quedaron en libertad.
La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré (Página/12, 24/11/09).
El pasquín oficial Página/12 reconoció que, a pesar de que en 2009 se batió un record de juicios a represores (37 sentencias en 11 juicios, con 3,4 imputados de promedio), las posibilidades de juzgar a los responsables en vida son nulas. “Incluso si querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años” (Página/12, 27/12/09).
Es sumamente importante señalar que las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura son una asignatura pendiente. Los funcionarios, jueces y empresarios que tuvieron participación activa en la represión se encuentran casi enteramente por fuera de las investigaciones. Según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “de los 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos humanos 190 pertenecen a las tres Fuerzas Armadas, 95 a la Policía Bonaerense, 18 a la Federal y sólo 28 son civiles, pero en su mayoría pertenecen a lo que se denomina “personal civil de inteligencia”.
La cantidad de represores prófugos –que incluye militares, policías y civiles– se mantiene estable en unos 40 casos desde hace cuatro años, imposibles de entender sin la complicidad del aparato represivo del “Estado democrático” actual.
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